Por primera vez en la historia del sector de los centros sanitarios veterinarios se ha convocado la mesa de negociación de un convenio colectivo a nivel nacional, cuyo objetivo principal será regular de forma más eficiente y justa las relaciones laborales entre empresas y trabajadores.

La responsabilidad empresarial, unida a la insostenible precariedad y falta de productividad del sector, llevó hace unos años a la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) al convencimiento de que era necesario prepararse intensamente para este escenario que ahora se inicia. Por ello, uno de los objetivos principales del plan estratégico de CEVE, quizá el más importante, es mejorar las condiciones en las que se ejerce la actividad en el sector, con la pretensión de alcanzar un nivel homologable al de los países más avanzados. En este sentido, el convenio colectivo, que CEVE ha promovido y que las organizaciones sindicales valoran como necesario, ha de convertirse en uno de los pilares para la tan deseada estructuración del sector, a través de la armonización de las relaciones laborales.

Para la negociación del convenio colectivo la representatividad empresarial corresponde a la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), única organización empresarial nacional de este sector, mientras que la representatividad sindical, corresponde a los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Confederación Intersindical Galega y Eusko Langileen Alkartasuna-Solidaridad de los Trabajadores Vascos.

La negociación del convenio valorará aspectos tan importantes como las clasificaciones y categorías profesionales tanto del personal sanitario como no sanitario, la formación continua, el régimen retributivo y la estructura salarial, la jornada laboral, la salud en el trabajo y los procedimientos de solución extrajudicial de los conflictos laborales.

Las partes se aproximarán a la negociación teniendo en consideración el único convenio colectivo del sector existente en España y que está vigente en la provincia de Alicante, si bien se deberán tener en cuenta algunos aspectos que sólo un convenio nacional puede regular y revisar otros que la experiencia acumulada en el tiempo transcurrido tras su entrada en vigor ha revelado como mejorables.