Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Castilla y León secundamos la huelga después de agotar todas las vías para alcanzar un posible acuerdo en la negociación del Convenio colectivo del sector.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), es un servicio social público, catalogado como prioritario en la ley de Dependencia así como en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. Sin embargo aunque se intenta promover una mayor calidad de las personas dependientes de nuestra comunidad para mantenerlas en el entorno familiar, el desarrollo y aplicación que efectúan las instituciones han relegado este servicio a un estado residual, externalizado y gestionado por empresas privadas, las cuales, priman sus beneficios económicos a la calidad y objeto del servicio, pues sus márgenes empresariales son siempre a costa del trabajo de las auxiliares sin la garantía de los derechos laborales.

La "deriva de la privatización del servicio y su gestión por empresas privadas", es consecuencia de "la degradación del servicio y de los derechos laborales".

Ello ha tenido diversas consecuencias negativas:

• En el plano asistencial: no se está garantizando este servicio, ni la cobertura necesaria a las personas que precisan del mismo, siendo la intensidad del servicio insuficiente de acuerdo a las necesidades de las personas usuarias. Por otro lado, el número de horas recortadas en torno al 30% en el conjunto de Castilla y León, permite otorgar servicios de 30 minutos de servicio diario. Por otro lado, desde las propias instituciones se “aconseja” a los usuarios que opten por otro tipo de prestaciones, “las vinculadas”, las cuales se dan sin hacer ningún tipo de control sobre su destino, con lo que no se garantiza el cuidado profesionalizado de las personas dependientes y dando lugar, además, a una economía sumergida, no controlada.
• En el plano laboral: quienes prestamos este servicio durante décadas no tenemos garantizado el empleo. El recorte de horas ha supuesto Expedientes de Regulación de Empleo camuflados con varios despidos, reducciones de jornadas y mayor flexibilidad horaria. “Nuestro tercer convenio regional de ayuda a domicilio finalizo el pasado 31 de diciembre de 2016, después de haber sido renegociado para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 solamente en tablas salariales, por lo tanto llevamos sin negociar los diferentes artículos del convenio desde el 2009. Entendemos que es tiempo de recuperar la sustracción de los derechos laborales perdidos en los años anteriores y ha llegado el momento de negociar un convenio digno para los trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio con subida salarial de un 2% desde enero de 2018 en base al Acuerdo nacional firmado entre sindicatos y patronal que nos permitiría recuperar la pérdida del poder adquisitivo y con el reconocimiento del 100% del tiempo de trabajo en los periodos de traslado de un hogar a otro, tanto para la zona rural como urbana.
• Destacamos que después de año y medio de negociación con las asociaciones empresariales estamos en el mismo punto de partida”. El desinterés de la Gerencia de Servicios Sociales, la irresponsabilidad de los “entes locales” y la voracidad empresarial de quienes gestionan el servicio de ayuda a domicilio, están degradando el servicio y los derechos laborales y además, están permitido que las Empresas gestoras del servicio dispongan de las trabajadoras a demanda.
• Recordamos que el sector de Ayuda a Domicilio lo conformamos casi en su totalidad mujeres, de mediana edad la mayoría, que nuestra ocupación efectiva la realizamos en solitario, acudiendo de domicilio en domicilio para atender las necesidades básicas de la vida, tales como aseos, movilizaciones, comidas, atención personal, compras, etc.., y prestar apoyo físico y emocional a personas en situación de dependencia. Todo ello sin los recursos y apoyos mecánicos adecuados que impidan que dicha tarea genere un daño a nuestra salud. Somos profesionales y una figura clave en un sistema de atención que incluye diferentes problemáticas de las familias, estamos acreditadas y lo normal es que nuestro esfuerzo se refleje en las condiciones laborales y retributivas del IV Convenio Regional del Sector. Las empresas mayoritarias que se sientan en la mesa de negociación (CLECE, VALORIZA, SERALIA, AZVASE) son las mismas que hoy nos ofrecen “limosnas” para valorar nuestro trabajo. Tenemos una gran cruz en el sector que incluye la precariedad en la contratación a tiempo parcial de manera que la mayoría de las trabajadoras no llegan a los 400€. Somos profesionales dotadas de especiales capacidades para moverse con sutiliza y sensibilidad, con la mira puesta en las personas. Somos pocas las trabajadoras que tenemos jornada completa de 36 horas con un salario estipulado en 873€ y esto indica que somos pocas las que podemos acceder a la situación de jubilación ordinaria, siendo la anticipada un mecanismo muy extendido en la plantilla por la imposibilidad que supone realizar este trabajo con determinada edad, y por el deterioro físico que sufrimos debido a la carga de trabajo y a las inexistentes medidas preventivas adoptadas por las empresas.
• Respecto al compromiso CCOO y UGT priorizan y defienden la mejora de la calidad del servicio, algo inconcebible sin la mejora de las condiciones laborales de los profesionales que lo prestan. Por ello, ante la falta de garantías, nos hemos reunido con los políticos para describir nuestras demandas de mejoras laborales y nuestra situación de injusticias. Nosotras cuidamos profesionalmente y nuestra intención no es perjudicar a los dependientes con nuestras reivindicaciones, pero de aceptar las consecuencias, significa que se acepta la lucha sindical más allá de los datos objetivos de la huelga.
• Ha desaparecido el compromiso de todos los actores implicados para prestar un servicio eficaz. La falta de consenso político por parte del PP, la irresponsabilidad de las administraciones y la voracidad empresarial de quienes gestionan el servicio de ayuda a domicilio para dar un servicio de calidad, con una buena gestión y una apuesta económica real, están permitiendo que las Empresas gestoras del servicio dispongan de 5.300 trabajadoras a demanda sin derechos para prestar un servicio a 22.278 personas.
• UGT y CCOO entiende que ha llegado el momento de dar un golpe encima de la mesa para que las administraciones y empresas entiendan que las auxiliares del SAD, somos profesionales que acudimos diariamente a multitud de hogares en pueblos y ciudades y por tanto en igualdad de condiciones tenemos derechos a un convenio digno que está dando respuesta a multiplicidad de situaciones de atención de la vida diaria de las personas. La respuesta de algunas empresas para designar servicios mínimos, es un claro boicot al derecho a huelga, una actitud intolerable que demuestra la falta de garantía de los derechos laborales.