La publicación en el BOE de los Prespuestos Generales del Estado 2018 y su entrada en vigor este jueves es una buena noticia para los más de dos millones y medio de empleados públicos que esperaban ver reflejada en su nómina la subida salarial pactada entre la Administración y los sindicatos representativos de la Función Pública. Según la Federación de Empleados de los Servicio Públicos (FeSP) de UGT, la publicación en el Boletín Oficial del Estado de los PGE 2018 erradica la incertidumbre generadada entorno a las cuentas del Estado, tras la moción de censura y el posterior cambio de Gobierno.

En 2018 los empleados públicos tendrán un incremento fijo de sueldo de 1,75%, que comenzará en el mes de julio e incluirá una extra con la subida del primer semestre del año. Según el pacto plurianual suscrito por el Gobierno y los sindicatos, que recogen los PGE, el aumento será del 2,25% en 2019 y del 2% para 2020. A estos porcentajes se sumará una parte variable. En total, la horquilla de alza salarial será de un mínimo del 6,1% y un máximo del 8,79% durante estos años.

La FeSP-UGT señala que ahora toca abrir de nuevo la negociación colectiva para implementar las medidas contempladas en el Acuerdo para la Mejora del empleo Público y las Condiciones de Trabajo en las Administraciones, firmado en el mes de marzo. Este pacto remite a la negociación en los ámbitos específicos de múltiples materia como las ofertas de empleo público; jornada de trabajo, retribuciones en situación de incapacidad, distribución de fondos adicionales o el impulso a la aprobación de los planes de igualdad y medidas de conciliación y corresponsabilidad.

Es necesario materializar la Oferta de Empleo Público para este año. El acuerdo establece una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios y del 75% en sectores no prioritarios, a lo que se añade una bolsa adicional del 5% para los sectores que consideren necesario reforzar, con lo que se asegura creación de empleo neto.

La FeSP-UGT no encuentra ninguna justificación para demorar el inicio del diálogo, por lo que, junto a CCOO, ha remitido una carta a Función Pública para pedir la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. La Mesa debe abordar, también, otros aspectos de la regulación de las condiciones de trabajo del personal de la AGE cuya negociación se encuentra bloqueada o no termina de alcanzar resultados desde hace ya demasiado tiempo.

Uno de ellos es el Estatuto Básico del Empleado Público en la AGE. Carlos Álvarez, secretario de Administración General del Estado de FeSP-UGT ha señalado que “este es el momeno idóneo para desarrollarlo mediante una Ley de Función Pública”. También cree fundamental firmar el IV Convenio Único del personal laboral de la AGE. “Este convenio debe zanjar las desigualdades entre el personal laboral y el funcionario” subraya el responsable sindical. UGT ha propuesto a Función Pública que sitúe el salario mínimo en 1.200€.