En el marco de la jornada de acción mundial convocada por la CSI, en “defensa de las libertades y el derecho de huelga” se ha producido en Santander una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno. Se han producido asambleas, manifestaciones y concentraciones en todas las provincias españolas.

El Gobierno pretende convertir un conflicto de orden social y laboral en otro de orden público criminalizando el derecho de huelga y poniendo en cuestión la propia legitimidad del Estado Social y Democrático de Derecho.

La Secretaria General de UGT en Cantabria, Mª Jesús Cedrún,  ha denunciado que desde 2012 algunos empresarios apoyados por ciertos gobiernos están "poniendo en cuestión" estos derechos, a lo que se suman los cambios legislativos del Gobierno del PP en España. Como indica Mª Jesús, se ataca el derecho de huelga y la ley mordaza pretende impedir el derecho de manifestación; así se van cercenando nuestros derechos laborales y las libertades en general.

Existen en la OIT 19 denuncias, incluidas una de UGT y CC.OO. por vulneración del derecho de huelga.

En esta línea se pronunció Jan Willem Goudriaan, secretario general de la Federación Europea de Sindicatos de Función Pública (EPSU, por sus siglas en inglés), que ha llamado la atención sobre la “criminalización del derecho a la huelga en España, que se ha convertido en un asunto de preocupación internacional” y que ha emplazado a Mariano Rajoy “a tomar medidas inmediatas para resolver la situación”.

En nuestro país existen 300 sindicalistas y trabajadores procesados y, en algunos casos, condenados ya a 21 años, como los trabajadores de Arcelor Mittal. Las movilizaciones producidas hoy pretendía decir NO a que nadie entre en prisión por ejercer un derecho que está amparado por la Constitución debido a una política represiva del Ejecutivo que está llevando a situaciones injustas e inhumanas. 

En Cantabria, ha dicho Cedrún, tres afiliados a UGT y dos a CC OO han sido juzgados y sentenciados por las huelgas generales del 29 de septiembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y la primera al Gobierno de Mariano Rajoy, el 29 de marzo de 2012. Otras 9 personas están imputadas por el escrache al presidente Diego a las que se pide penas de cárcel.

Muchas otras movilizaciones se han producido en todo el país.

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