Gracias a la aprobación de este decreto-ley, el personal laboral de la Administración del Estado podrá optar a la jubilación anticipara parcial, como el resto de trabajadores del país y la persona que acceda al puesto para relevar este trabajador o trabajadora que se jubila podrá ser contratado con carácter temporal, con la obligación de que la Administración convoque esa plaza en la primera oferta de empleo que apruebe. La plaza mantendrá su carácter fijo, evitando así la pérdida de empleo o su precarización. Esta jubilación también podrá articularse mediante la vía de la oferta de empleo público, previa aprobación de un instrumento de planificación de recursos humanos.
Se desbloquea así definitivamente el acceso a la jubilación parcial anticipada del personal laboral, ya que permitirá a las Administraciones cubrir las vacantes con mayor agilidad, tal y como ocurría antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2024.
De esta manera, se garantiza que los trabajadores y trabajadoras laborales puedan ejercer este derecho, pero la medida también servirá para favorecer una planificación más eficiente de las plantillas y contribuirá a una mejor organización de los servicios públicos, adaptándolos a las necesidades reales de la ciudadanía, así como a la necesaria renovación de las plantillas.
La convalidación permitirá que el personal laboral de las Administraciones públicas pueda ejercer un derecho reconocido para el conjunto de los laborales de este país y se ponga fin a una situación de desigualdad.
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha celebrado esta aprobación de este decreto-ley por el Congreso de los Diputados y ha señalado que el sindicato trabaja para que este complemento de insularidad se extienda a otros territorios.
“Hoy estamos de enhorabuena”, ha señalado, “porque la firma de acuerdos son buenas señales y porque eso significa mejorar la vida de muchas, de miles de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de este país”.
