UGT Servicios Públicos, junto con SATSE-FSES y FSS-CCOO, ha manifestado su rechazo absoluto al intento de las comunidades autónomas de «reiniciar» la negociación de la reforma del Estatuto Marco, cuyo texto fue pactado en enero tras años de negociación colectiva.
Las tres organizaciones sindicales sostienen que la maniobra de las CC.AA. busca retrasar o impedir la entrada en vigor de medidas que fortalecen los derechos laborales del personal estatutario, con el objetivo de mantener un margen de discrecionalidad que perpetúa las desigualdades entre territorios. Frente a ello, insisten en que el Anteproyecto de Ley no responde a una decisión unilateral, sino al resultado de una negociación real y transparente que representa el mayor avance en derechos laborales desde 2003, es decir, en más de dos décadas.
«Los trabajadores/as no necesitan volver al punto de partida como pretenden las CC.AA.»
Los sindicatos denuncian además una incoherencia de fondo: las mismas comunidades autónomas que ahora tratan de desacreditar el proceso de negociación son, señalan, las que no han impulsado mejoras en sus propios servicios de salud en materia de jornadas, plantillas o riesgos laborales. Recuerdan asimismo que el nuevo Estatuto no invade competencias autonómicas, sino que establece un marco común de derechos para garantizar condiciones laborales homogéneas en todo el Sistema Nacional de Salud.
Desde UGT Servicios Públicos se reafirma la exigencia de que la tramitación de la reforma continúe hasta su aprobación definitiva, para que las mejoras negociadas se conviertan en derechos efectivos para quienes sostienen la sanidad pública. La organización adelanta que seguirá vigilante ante cualquier intento de bloqueo y mantendrá su oposición frontal a cualquier retroceso en los derechos de los profesionales.
