El sindicato denuncia que el Gobierno cántabro utilice el derecho al complemento de atención continuada como “moneda de cambio política”
El Sector de Sanidad de la Federación UGT-Servicios Públicos rechaza que el Gobierno regional supedite la igualdad de derechos del personal sanitario y de gestión del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y el pago del complemento de atención continuada a todas sus categorías profesionales a un posible acuerdo político que permita aprobar los presupuestos de la comunidad para 2026.
Así lo ha señalado el secretario de Sanidad de UGT en Cantabria, Fernando Carmona, en un comunicado difundido este viernes, en el que se ha pronunciado sobre el proyecto de cuentas de la Consejería de que presentó esta semana su titular, César Pascual, quien advirtió de que de no salir adelante -el Ejecutivo en minoría del PP precisa del apoyo de otros grupos parlamentarios- se perderían los 98 millones en los que aumenta el presupuesto de Salud, no se acometerían inversiones ni se otorgarían subvenciones nominativas y repercutirían las mejoras retributivas previstas.
El sindicalista ha lamentado que el Gobierno “vuelve a utilizar los derechos laborales como instrumento de negociación política”, como a su juicio está haciendo en la enseñanza -con la subida salarial que reclaman los docentes- al “vincular a pactos políticos la recuperación de un derecho de todos los trabajadores” del SCS, no “sólo de los facultativos de guardia”.
“Es inaceptable que una modificación que afecta directamente a la igualdad de trato y condiciones laborales del conjunto de trabajadores del SCS se subordine a un trámite presupuestario”, ha denunciado Carmona, para recalcar que “los derechos laborales no pueden depender de una negociación política ni quedar a merced de los acuerdos de un Presupuesto”.
“Lo justo hubiera sido la restitución de éste y cualquier otro derecho laboral con la modificación ordinaria de la ley a través de una Proposición No de Ley, como hizo el Grupo Socialista, y no como moneda de cambio política para las cuentas autonómicas”, ha considerado el responsable autonómico de Sanidad de UGT en relación al Complemento de Atención Continuada en situación de incapacidad temporal y a la reivindicación del sindicato de que extienda a todas las categorías profesionales del SCS.
El sindicalista señala que el Consejo de Gobierno de Cantabria “rechazó expresamente” tramitar la proposición de presentada por el Grupo Parlamentario Socialista “argumentando que su aprobación supondría un incremento de gasto y debía integrarse, en todo caso, dentro del marco presupuestario de 2026”.
“Sin embargo -añade- el Gobierno de Cantabria ha decidido incluir unilateralmente esa modificación en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026, haciendo extensible al conjunto del personal del SCS un derecho actualmente limitado a los facultativos que realizan guardias médicas”.
El portavoz de UGT apunta al respecto que “lo que se reclama no es una cuestión económica coyuntural, sino una corrección jurídica y laboral: generar un nuevo derecho que garantice la igualdad entre todas las categorías del personal sanitario”, tras la modificación legal impulsada por este Gobierno que “benefició solo a una categoría profesional, dejando al resto del personal sin ese reconocimiento”.
“El propio Gobierno reconoce ahora el agravio, pero en lugar de corregirlo de forma directa mediante una reforma de la Ley 9/2010, ha decidido subordinarlo a un trámite presupuestario, que nada tiene que ver con la negociación de derechos laborales”, lamenta el sindicalista.
“El Gobierno de Cantabria no puede seguir jugando con los derechos de su personal, la igualdad no se negocia, se garantiza por ley; y por eso exigimos que esta medida se tramite de manera ordinaria como modificación legislativa independiente y con participación de los agentes sociales, sin subordinarla a los Presupuestos ni utilizarla como herramienta de propaganda”, concluye.
