La Junta de Personal Docente presenta su última contrapropuesta de adecuación.

Propiciada por la convocatoria pública realizada el lunes a Buruaga y Silva, el pasado miércoles por la mañana volvió a convocarse una mesa en la que, por primera vez, el Gobierno negoció realmente, moviéndose de sus posicionamientos iniciales. En concreto, renunció a dictar los cursos de formación, lo que generaba un gran rechazo entre el colectivo docente y era considerado una “línea roja” por la Junta. Además, movió ligeramente las cantidades de los sexenios, del último hacia los primeros.
Tras toda la mañana negociando, con varios recesos, la Junta de Personal Docente valoró los avances y planteó una serie de cuestiones que quedaban pendientes. En especial, el Gobierno ha encallado con la peor propuesta de adecuación general y lineal de nuestra historia autonómica, precisamente cuando más años e inflación acumulamos desde la última, lo cual no resulta aceptable. A su vez, los sindicatos plantearon que debía haber una correlación entre el incremento de las horas de formación que pretende la Consejería, con “los docentes mejor formados de España”, y el reconocimiento que los trabajadores reciban por ello.
Cuando las partes se reencontraron por la tarde, el Gobierno no llevó a cabo ya ningún movimiento más que atendiera los planteamientos que los representantes del colectivo docente habían puesto encima de la mesa, lo que impidió mayor acercamiento. La Junta de Personal Docente se comprometió a trasladar por escrito esas demandas que aún falta reflejar para que sea posible un principio de acuerdo y Sergio Silva contestó que volvería a convocar una mesa de negociación cuando las estudiara, en “menos de una semana”.
La contrapropuesta de la Junta, finalmente, se mueve desde los 240 a 180 euros en la parte general y lineal, realizando a su vez un reparto coherente de la parte condicionada a la formación. Este movimiento, el más grande que se ha llevado a cabo en toda la negociación, también es el último que lleve a cabo la Junta en esta parte. Entendemos que si en 1998 se adecuaron 25.000 pesetas (150 € al cambio), en 2003 160 € y en 2008 170 €, cualquier cantidad que bajara de 180 € supondría un retroceso histórico. En términos relativos al presupuesto, las adecuaciones anteriores supusieron mayor porcentaje, por lo que el Gobierno no puede plantear que no le quepa.
Esta propuesta supondría 10 euros mensuales más en los incrementos de 2026, 2027 y 2028 respecto a la del Gobierno, para un peso presupuestario total de 6 millones, que solo representa un 0,8% del presupuesto educativo actual (y lo será menos del de 2028). En opinión de la Junta, que también se ha ocupado de conseguir el apoyo parlamentario para esta propuesta, ahora el Gobierno tiene que demostrar si tiene voluntad de llegar a un acuerdo o de enquistar este conflicto, porque lo tiene al alcance de la mano, con una inversión equivalente al sobrecoste en obra pública que se refleja cada semana en prensa.
Finalmente, desde la Junta de Personal Docente señalan que esta negociación se está prolongando ya demasiado, cuando todas las anteriores adecuaciones se produjeron tras largas negociaciones, pero en cuestión de días, sin que fueran necesarios encierros, huelgas y manifestaciones. Advierten por ello que no van a aceptar que se extienda ‘sine die’ esta cuestión por parte del Gobierno, como recurso para dejar sin abordar el resto de necesidades de la Educación Pública de Cantabria que estaban incluidas en el cronograma de negociación. Por ello, de prolongarse el conflicto, comprometiendo el inicio del curso, la Junta irá incorporando a la mesa de negociación otras cuestiones urgentes, como la extensión de la bajada de ratio al resto de etapas educativas.